El reflotado debate sobre el sistema previsional me plantea una profunda contradicción, sobre todo allí donde se debate el “economista maximizador” con “el hombre de familia que convive con un determinado marco político”. En la Argentina, este último no es un elemento irrelevante.
De todos modos, antes de abordar este conflicto interno, es necesario presentar algunos elementos que permitan esclarecer realmente que es lo que se discute hoy en el país.
En lo que respecta a sistemas previsionales está todo inventado y testeado. Prevalecen en el mundo tres tipos de mecanismos: el llamado modelo anglo-americano (Gran Bretaña), el modelo nórdico (Suecia) y el modelo de Europa Continental (Francia). Con diferentes matices, estos complementan sistemas de reparto (trabajadores activos mantienen a los pasivos) con capitalización (trabajadores activos ahorrando para el futuro) y al sector público con el privado.
El factor común de todos estos modelos, incluso del apolillado e insostenible sistema francés (modelo replicado en la Argentina), es que los sistemas previsionales son el eje fundamental de una política social amplia y articulada. El objetivo de esta última es evitar la pobreza en la niñez y en la vejez.
Si por un minuto logramos abstraernos de las riñas de gallos en el Congreso y nos detenemos a analizar estos ejemplos, cualquiera se dará cuenta lo lejos que estamos de lo que sería una situación ideal.
Pensar que el debate previsional se agota en determinar cuánto recauda la Anses y cuánto se le paga a los jubilados es no entender realmente la importancia del tema. Nos estamos quedando mucho menos que a mitad de camino. Un debate serio implica indefectiblemente hurgar sobre otras cuestiones no menos complejas y relacionadas profundamente con este tema.
No hay país desarrollado en el que el sistema previsional no se complemente con sistemas de salud equitativos y con políticas de acceso a la vivienda (política social). Hablar de la cuestión de la vivienda nos deposita en el debate respecto al crédito de largo plazo (política monetaria y de crédito), lo que lleva -sin escalas- a discutir la inflación (política productiva, cambiaria, monetaria, etc). No existe mercado de crédito de largo plazo que pueda convivir con inflación de dos dígitos.
Discutir el sistema previsional obliga a meterse de lleno en el mercado laboral (política de empleo), a hablar de la informalidad, lo que, a su vez, arrastra al trato inequitativo (regresivo) que desde una óptica fiscal reciben las empresas (política fiscal). Hoy una pyme paga los mismos impuestos al trabajo que una multinacional ¿Cómo pretendemos entonces reducir el trabajo en negro? ¿Como pretendemos que estas pymes crezcan y se conviertan en medianas y grandes empresas? ¿Cómo pretendemos generar una burguesía nacional?
El punto está claro. El sistema previsional está conectado con prácticamente todos los aspectos de la macro y la microeconomía. Definir la cuestión previsional, eje fundamental de una política social, es clave para determinar que país se quiere tener. Todas las demás decisiones políticas deberían luego condicionarse a esta cuestión fundamental.
¿Cuál es la probabilidad de tener un debate de este estilo de acá a 2011?…
Cualquier discusión en la Argentina de 2010 se circunscribirá a una simple cuestión presupuestaria que puede resumirse lisa y llanamente en una pregunta: ¿En qué debe gastar el Estado el dinero que hoy le sobra (y que elecciones mediante no va a ahorrar)? ¿En subsidios para al gas y electricidad residencial en Capital y GBA? ¿En pasajes subsidiados a Madrid? ¿En subsidiar el lomo que consumen los turistas en Puerto Madero? ¿En planes de adquisición de bienes durables? ¿En un jubilado?
El “economista maximizador”, razonable y pensando en la sostenibilidad y el equilibrio de la macro, me dice al oído “incrementar las jubilaciones aumenta la rigidez del gasto y, mientras más rígido este sea, menos espacio hay para calibrarlo cuando las cosas no estén tan bien”.
“El hombre de familia que convive con un determinado marco político” disiente. El cree que su abuelo, que se rompió el lomo trabajando por más de 45 años de su vida tendría que cobrar más de $1046. Y agrega: “En la Argentina, cada vez que se debate la sostenibilidad de las cuentas públicas, los únicos que no ven un peso son los jubilados”.
Por Osvaldo Cado
* El autor es economista de la consultora Prefinex
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